La construcción de un muro, que originó un gran revuelo, iba a impedir que los habitantes del barrio Villa Jardín crucen por cuatro calles al exclusivo barrio de La Horqueta, donde 33 propietarios reclamaron la construcción de una pared con rejas para evitar que pasen ladrones de un lado a otro de la calle, que divide esos partidos bonaerenses.
El paredón, de 1.600 metros de largo y tres de altura, separaría a ricos de pobres. La alcaldía de San Isidro atendió el pedido de 33 vecinos de la zona de viviendas lujosas de La Horqueta y comenzó a levantar un muro que la separa de la humilde Villa Jardín, en San Fernando. El intendente de San Isidro sostiene que es para combatir la inseguridad, vecinos, y la alcaldía de San Fernando, denuncian discriminación.
Indignados por lo que consideran una medida discriminatoria y que les causará varios trastornos, los habitantes de Villa Jardín se rebelaron y comenzaron a tirar abajo los postes y los bloques de cemento. El alcalde de San Fernando, presentó un recurso para que se frene la construcción del paredón.
Dijo que "este anacrónico Muro de Berlín se constituye en una ofensa discriminatoria que cercena el derecho del vecino de circular libremente, a acceder a la escuela y a los centros de salud (de un lado y otro lado), y complica en grado sumo el tránsito vehicular que es obligado a efectuar un largo rodeo".
El intendente de San Isidro sostuvo que el paredón "ni es un muro ni es contra la pobreza". "Dentro del margen de la ley voy a hacer todo lo posible para cuidar a mis vecinos (...) ese lugar es un corredor de delito".
La presidenta Fernández dijo que "el muro es una involución". La secretaria de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, pidió al intendente que "tenga a bien reflexionar y dejar sin efecto dicha medida, considerando que se trata de una decisión incorrecta que atenta contra la democracia, la Constitución Nacional y la connivencia, fundada en un supuesto sentido de seguridad difícilmente comprobable".
El gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli dijo que "este es un momento en que tenemos que agilizar las energías para unir y no para dividir" y agregó que "los ladrillos hay que usarlos para hacer escuelas y viviendas, no muros que separen a la provincia".
Lo curioso es que en una encuesta publicada en el diario La Nación señalaba que el 54% de los que participaron estaba de acuerdo con la construcción del muro, ante un 43% que contestaba que no; al resto le era indiferente.
Posteriormente, un juez frenó el día 9 de abril la construcción del muro en el partido de San Isidro, y encomendó la instalación en la zona de un destacamento policial, a fin de evitar hechos delictivos. Poco antes, los vecinos del barrio Villa Jardín terminaron de derribar en horas del mediodía lo que quedaba de las estructuras del polémico muro.
El gobierno bonaerense aclaró que la administración de Daniel Scioli no permitirá estructuras de ese tipo porque “generan violencia y exclusión, y son discriminatorias”. “Es una locura que hay que frenarla lo antes posible. Somos todos iguales, no hay ni buenos ni malos”, afirmó.
Pasadas las 10.30, los vecinos de Villa Jardín destruyeron a mazazos los bloques de cementos y pilotes colocados para la construcción del muro. El muro cortaba el paso en su vida cotidiana de la gente, destruyó los materiales que estaban a disposición para la construcción.
El vicepresidente Julio Cobos rechazó el muro porque “no puede haber una frontera” y agregó que “hay que bregar por la integración social”.
Desde la oposición, se puntualizó que el muro “es la idea de un trasnochado” y reconoce “que la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires está fracasando”.
Fuente: Diario El País de Montevideo
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