¡Festejen uruguayos, festejen!

¡Festejen uruguayos!


Con motivo de las primeras sentencias de la Suprema Corte de Justicia que declararon la inconstitucionalidad del impuesto a las jubilaciones y pensiones -no le llamemos renta a lo que no lo es-, desde el gobierno, aparte de ejercer una vergonzosa y creciente presión sobre el máximo órgano del Poder Judicial, se ha organizado una campaña apologética del odioso tributo, a base de gruesos errores conceptuales y aún de mentiras.

Estas principiaron antes de que la reforma entrara en vigor, cuando el ministro Astori dijo, muy suelto de cuerpo, que la misma haría mermar la recaudación. Los hechos, en cuanto se empezó a cobrar el IRPF, demostraron lo contrario. Y demostraron, asimismo, que o bien el presidenciable frentista no sabe lo que debiera saber o es intelectualmente deshonesto.

¿Reconoció luego su grueso error? ¿Le pidió disculpas a la población por haberla pretendido engañar? Nada de ello. Permaneció impávido y hasta muy jarifo, como si la gente fuera tonta, sorda o amnésica. Tanto es lo que le saca el gobierno a los pasivos, -cien millones de dólares, se ha reconocido, como si ello convalidara la aplicación de un impuesto inconstitucional-, que perdió su impavidez, los estribos y algo más, no bien el Fiscal de Corte dictaminó que el impuesto era violatorio de la Carta.

Ahora los "progresistas", perdida ya la brújula, si es que alguna vez la tuvieron a mano, habían anunciado una marcha hasta la Suprema Corte de Justicia al son de la consigna "Que pague más el que tiene más y que pague menos el que tiene menos". Jamás se ha visto, en toda la historia del país, una falta de respeto más grande al Poder Judicial, del cual se pretende que, en lugar de actuar en forma independiente y hacer respetar la Constitución a la hora de dictar sus sentencias, se someta a la prepotencia del gobierno y de la "fuerza política".

Pero, además, la consigna es falsa. No se trata de que pague más el que tiene más y menos el más desvalido, sino de que no paguen aquellos a quienes la Constitución les garantiza la integridad de sus ingresos, en el art. 67, a cuyo efecto fue reformada en 1989, como todos sabemos. O sea, los jubilados.

Por otra parte, el impuestazo es tan brutal que castiga inmisericordemente a quienes tienen ingresos bastante inferiores a los 32 o 33.000 pesos, en que está fijada la canasta familiar, según las mismísimas informaciones oficiales. En efecto, de acuerdo al art. 37 del nuevo título 7 del Texto Ordenado 1996, sustituido por el art. 8 de la Ley 18.083, y luego de traducidas a pesos las llamadas BPC (Bases de Prestaciones y Contribuciones), resulta que las pasividades superiores a $ 8.800 e inferiores a $ 17.600 están gravadas con un 10% de IRPF, salvo sobre el mínimo exento. Con un 15% lo están por lo percibido entre $ 17.600 y $ 26.400. Y con un 20% -una bicoca-, por los ingresos superiores a dicha última cifra e inferiores a $ 88.000. Por encima de esta cantidad el "impuestito" trepa al 22% y hasta a un 25%.

Cuando decimos gravadas, en verdad debe leerse rebajadas. Porque de eso se trata, sin la mínima duda. De una brutal rebaja de las jubilaciones y también de los salarios. Adviértase que quien vivía con un ingreso de $ 30.000 debe ahora hacerlo con $ 27.000. Y si sobrevivía con un ingreso de $ 20.000 debe ahora hacerlo con $ 18.700, por decisión del "prescindente" Vázquez, de Astori, Mujica, Arana "y otros grandes", como decía Gardel en "El sol del 25".

Un auténtico atropello que, en el caso de los pasivos, es además inconstitucional. Al cual se suman los descuentos del 5 o 6% en razón del vituperado "FONASA" y los "aumentitos" del 400 o del 500% -y aún más- en la contribución inmobiliaria montevideana. ¡Cómo para que la población no esté que trine! ¡Cómo para que los jubilados no se indignen cuando el impresentable ex tupamaro los califica irrespetuosamente de "viejos platudos".

Y, como si con todo lo anterior no bastara, sale el Presidente del BPS a inventar que sólo están gravadas el 20% de las pasividades. Claro, sólo cuenta las que paga el BPS. Pero olvida, deliberadamente, las de las otras Cajas: la Notarial, la de Profesionales, la Bancaria y las de los retirados militares y policiales. Además, omite decir que miles de pasividades de menos de $ 8.800 se suman a otras que tienen sus titulares, pagas por otras Cajas y, en consecuencia, también tributan.

¡Festejen uruguayos, festejen!

Fuente: Diario El País de Montevideo - Uruguay